Proveído
Organismo: Camara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Ciudad: Bariloche
N° Expediente: 15436-212-09
Fecha: 2013-03-20
Carátula: CURUCHET GRACIELA NILDA / BANCO HIPOTECARIO SA S/ REVISION DE CONTRATO (Ordinario)
Descripción: SENTENCIA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL
Y COMERCIAL IIIA. CIRCUNSCRIPCION
Expte. nº:15436-212-09
Tomo:
Sentencia:
Folio:
Secretario: dra. Alba Posse
En la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de Marzo de dos mil trece reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERIA de la IIIa. Circunscripción Judicial; dres. Edgardo J. Camperi, Juan A. Lagomarsino y Carlos Salaberry, luego de haberse impuesto individualmente de esta causa caratulada: “CURUCHET, GRACIELA NILDA C/ BANCO HIPOTECARIO S.A. S/ REVISION DE CONTRATO (Ordinario)”, expte. nro. 15436-212-09 (Reg. Cám.), y discutir la temática del fallo a dictar -de todo lo cual certifica la Actuaria-, los sres. Jueces emitieron su voto en el orden establecido en el sorteo practicado a fs. 447vta., respecto de la siguiente cuestión a resolver: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la cuestión planteada el dr. Camperi dijo:
1.- La sentencia de fs. 369/379, que hace lugar parcialmente a la demanda en cuanto el recálculo del mutuo hipotecario que une a las partes, estableciendo el capital impago al inicio de las actuaciones en la suma que indica determinando su forma de pago, imponiendo las costas al Banco y reguló honorarios, fue apelada por la demandada a fs. 382. A fs. 383, se concedió el recurso libremente y con efecto suspensivo. A fs. 393 apela sus honorarios por bajos, el perito contador, Lic. Alejandro Tchicourel, recurso concedido a fs. 394 a tenor del art. 244 CPCC.
Puestos los autos a disposición de las partes a fs. 427, se expresaron los agravios de la recurrente, a fs. 430/434, libelo que fue contestado por la contraria a fs. 441/443.
Remito a la lectura “in extenso” de los actuados, el decisorio en crisis y de los memoriales en especial, sin perjuicio de las referencias que estime pertinentes al sólo efecto de la adecuada comprensión del registro del voto a proponer.
En los temas que involucran la cuestión de los reclamos de los prestatarios del antiguo Banco Hipotecario Nacional, sustentados en las pretensiones de éstos de reajuste contractual motivados por los cambios efectuados por la ahora demandada (o su antecesora) sustentándose en el plexo legal que alegara en autos, se hubo señalado desde antiguo y a partir del precedente ZANON que tuviera decisorio del STJRN confirmando en esencia los actuados tanto en primera instancia, como por esta Cámara (C.A.B., SD. 15/05), que no es cuestión de concluir que me limitaré en autos al expediente de seguir sin más los precedentes.
Que habiéndome impuesto detenidamente de las constancias de autos no advierto motivo para apartarme de los precedentes de esta Cámara en diversas causas.
Cabe recordarlos a partir de la cita del precedente ALFONSO (C.A.B., SD. 52/10) , allí se dijo:
“... Recientemente (ALONSO c/ BANCO HIPOTECARIO, SD. 38/10, de los primeros días del junio del corriente) se expidió este Tribunal y ya estudiada la cuestión a decidir, adelanto seguiré sus lineamientos al tratarse de cuestiones similares.
Dije allí, y me reitero, que si bien no resulta mi habitual modo de decidir adelantar el sentído de mi voto, sin expresar previamente mis criterios y argumentos sobre el caso, en autos cabe apartarme de ello ya que no es el primer tema relacionado con prestatarios del ex Banco Hipotecario Nacional que llega a estos estrados, por lo cual señalaré que habiéndome impuesto detenidamente de las constancias de autos no advierto motivo para apartarme de los precedentes de esta Cámara en diversas causas.
Dije en los citados: “Hube merituado los precedentes en ZANON c/ Banco Hipotecario (C.A.B. SD. 15/05) y VENTURINO c/ Banco Hipotecario (C.A.B. SD. 97/06), que tuviera intervención incluso el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia que ratificara los criterios decididos en aquellos, por la que existen criterios sobre los lineamientos de resolusión del conflicto jurídico que enfrenta a las partes, y que no estimo hubieren sido puestos satisfactoriamente en crisis en los agravios.
También habré de considerar lo ya señalado en autos MORAGA c/ BHN (C.A.B., SD. 42/08), como también las constancias de los autos YUNES c/ BHN que hubieron pasado por el acuerdo, simultáneamente con los autos SOSA y PLATERO en agosto ppdo. (2010).
En los referidos autos SOSA y PLATERO, que se hubieren resuelto en el mismo acuerdo se señalaron diversas consideraciones y sustentos, que cabe asumirlos como fundamentos de los presentes; se dijo allí:
“... 3. Corresponde ahora determinar si corresponde o no, al caso de autos, la aplicación de la Ley 26.313, tal como lo peticionara expresamente el actor (fs. 455); si bien, luego de la publicación del decreto reglamentario n° 2.197/08, dicha petición fue rectificada, peticionándose exactamente lo contrario, es decir, la no aplicabilidad de dicha Ley (V. fs. 485/490).
Siendo que la operatoria del actor fue ... (en el caso es la HN 754...) “y por ende NO elegible” -según lo especificó la actora, sin oposición de la demandada- el contrato de marras no está incluido en los términos de la citada ley y su decreto reglamentario; el cual, estableció -como uno de los requisitos de su aplicabilidad- que el deudor hubiera sido “destinatario de las operatorias HN 700 /Reactivación variante II), HN 670, HE 310, HE 311, sus suboperatorias derivadas, sus iguales o equivalentes”.
Ante ello cabe resolver sin atenerse a los términos de la legislación de marras traída en su apoyo en los memoriales por la actora, si bien cierto es con anterioridad a su reglamentación, lo que explica razonablemente su primer postura sobre ella.
Dije en MORAGA,
“no se trata de acudir al fácil recurso de los procesadores de datos, sino que habiendo sido primer vocal en los precedentes citados me adentré en su oportunidad extensamente en la problemática sustancial del litigio sobre la adecuación de los mutuos a las normativas dictadas al respecto, y no advirtiendo la introducción en autos de argumentos sustanciales (...) que pongan en crisis los criterios definidos en los precedentes, es que recordaré lo allí dicho.
Se dijo en el precedente ZANON c/ Banco Hipotecario -y en VENTURINO-, entre otras consideraciones:
“... sobre la alegada inconstitucionalidad de la norma restrictiva sobre su aplicación al caso, es oportuno seguir además del criterio del a-quo, los vertidos por la Corte Suprema de Mendoza en autos BHN c/ De La Hoz, M, del 20/12/04 (ver ElDial.com de la fecha), donde con voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci resolvió la constitucionalidad de la norma en un caso análogo, con abundantes fundamentación, diciendo, entre otros conceptos:
“En mi opinión, el texto legal pasa el test de constitucionalidad. Explicaré por qué:
" La ley 24.855 privatizó el Banco Hipotecario y creó el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. El art. 7 establece la integración de ese patrimonio y, entre otros, menciona: ""..a) Las acciones del Banco Hipotecario SA y el producido de su venta"".d) La renta y los frutos de sus activos, con excepción de lo previsto en el art. 36 de la presente ley. A su vez, el art. 36 establece que "el 10 % de los intereses que generen los recursos del fondo se capitalizarán en una cuenta especial del Banco de la nación argentina para la atención de un fondo de garantías de créditos para viviendas únicas, permanentes y no suntuarias, destinadas a personas de ingresos bajos y medios bajos, pudiendo aplicarse también como subsidios a las tasas de interés de créditos para viviendas populares destinadas a los sectores de bajos ingresos". El art. 38, cuya aplicación se reclama en autos, se ubica en el capítulo V denominado "Disposiciones complementarias".-
De esta normativa surge que los créditos titularizados por la entidad, antes oficial, integran la nueva persona jurídica privatizada; consecuentemente, la interpretación de los tribunales, proyectada en la multiplicidad de los casos, incide sustancialmente en la perspectiva económica tenida en miras al momento de la privatización.-
Sabido es que la declaración de inconstitucionalidad de una norma exige gran prudencia en el magistrado; esa actitud se acentúa en casos como éstos, en los que la declaración supone desequilibrar ecuaciones económicas en las que están implicados otros sujetos. Aclaro que, en el caso, esos efectos llegan, incluso, a la masa de personas carenciadas, porque la interpretación propuesta influye en el fondo monetario previsto en el art. 36.-
" Con este criterio, entiendo que la distinción legal tiene una fundamentación objetiva para el trato desigual, que intentaré explicar, y que se vincula a la posibilidad de opción y a los costos de la armonización:
En efecto, el derecho de opción de los deudores hipotecarios de operatorias globales es prácticamente nulo; o sea, estos deudores tienen la casa que la operatoria global determinó, al precio fijado en función de contrataciones generales de cierto tipo de entidades con cierto tipo de empresas constructoras. Los deudores hipotecarios de operatorias individuales, en cambio, han tenido posibilidad de optar entre diversas casas que encontraron en el mercado (construidas o no construidas).-
La carencia de posibilidad de opción y la uniformidad que presentan las operatorias globales tienen como consecuencia que el mismo procedimiento previsto en los arts. 38 y sgtes. no implique un costo excesivo para la entidad prestataria, no supone tasaciones ni cálculos individuales, desde que la mayor parte de las casas tienen idéntico valor y las mejoras realizadas por el beneficiario del crédito deben ser retraídas (art. 38 inc a). Una tasación, un cálculo, sirve para decenas de casos, todos iguales.-
" Por lo tanto, no parece que exista incoherencia del legislador en el desarrollo de los criterios elegidos para la diferenciación, especialmente, porque como he señalado, hoy la entidad acreedora no es el propio Estado, sino una entidad que hizo sus cálculos económicos sobre la diferencia realizada por el legislador; o sea, al privatizar, se tuvo en cuenta que un sector de esos créditos serían reducidos y pospuestos en el tiempo, pero otros no.”
Argumentos ellos aplicables sustancialmente a la suerte de eventual descarte de la ley 24.143 por la misma tacha.
Abundando se dijo también:
“ ... La aplicación de la ley 24.143 a los presentes que se efectuara no resulta irrita en el caso (considerando las morigeraciones contempladas por el a-quo), si se atiende a que:
“La ley 24.143 -denominada "Cancelación de Créditos y Deudas existentes entre el Banco Hipotecario Nacional, el Banco Central y la Secretaria de Hacienda", del 23 de setiembre de 1992 (B.O. 21/10/1992), dispone en su Art. 4 que "El Banco Hipotecario Nacional orientará su accionar como banco mayorista, para atender las necesidades de la población en materia de vivienda social única -y de uso permanente por el beneficiario según la reglamentación que dicte el Banco-y desarrollo urbano".-
A su vez, el art. 7 dispone que "El Banco Hipotecario Nacional procederá a fijar en todas sus operaciones de préstamos individuales, para la vivienda, los saldos de deuda al 1-4-91 conforme las condiciones que se establecen. A tal efecto, dentro de los trescientos sesenta (360) días de la sanción de la presente, deberá dictar la reglamentación respectiva, la que preverá una disminución mínima de los saldos, no inferior al diez por ciento (10 %) de la deuda calculada a la fecha establecida, por los índices originales". Agrega el art.8 que "Los saldos de deuda de préstamos individuales provenientes de la operatoria HN 700 (Reactivación Variante II) y HE 311 serán recalculados sobre la base de tomar como precio de venta de las viviendas el valor básico de la operatoria incluido el coeficiente zonal, actualizado por variación del índice del costo de la construcción del Banco Hipotecario Nacional al mes de marzo de 1991. Ese resultado será referencial y podrá ser disminuido, mediante resolución fundada, en función de las características de cada proyecto y del valor real de sus unidades. A ese efecto, el Banco Hipotecario Nacional queda autorizado a categorizar los distintos proyectos tomándose como categoría básica la correspondiente a las exigencias mínimas de la operatoria y determinando, conforme los mejores niveles constructivos, otras tres: media, buena y muy buena. Los nuevos saldos de deuda así determinados correspondientes a cada categoría resultarán de restar al precio de venta las amortizaciones ajustadas por igual índice". Agrega el art. 9 que "Para el resto de los préstamos se recalcularán los saldos de deuda a partir del 1-8-87. Los saldos al 1-4-91 resultarán de aplicar a los desembolsos efectuados o al monto del contrato, en su caso, el índice del costo de la construcción del Banco Hipotecario Nacional, con deducción de las amortizaciones ajustadas por igual índice".-
En cuanto a las nuevas condiciones de financiación, dispone el art. 10 que "los saldos de deuda fijados conforme el título anterior devengarán un interés no inferior al uno por ciento (1 %) anual. Las tasas vigentes se ajustarán, en su caso, a partir del 1-4-91.Cuando, a criterio del Banco Hipotecario Nacional, las condiciones económicas de los préstamos se vieran alteradas, podrá modificar la tasa de interés para preservar el valor de sus créditos, capitalizándolos total o parcialmente. En la relación de la entidad con el Banco Central de la República Argentina el porcentaje de interés capitalizado no se computará como interés aplicado". Agrega el artículo 11 que "El servicio de reembolso será establecido en función de los nuevos saldos de deuda, tasa de interés y plazo faltante. El banco queda facultado para ampliar los plazos de amortización hasta un máximo de cincuenta (50) años a contar desde el inicio de la operación en los casos en que circunstancias especiales lo justifiquen, a cuyo fin el banco dictará la normativa pertinente. Hasta tanto se concrete el recálculo de los servicios de reembolsos, se mantendrán las cuotas en los valores vigentes. El recálculo de que se trate deberá concretarse dentro de los trescientos sesenta (360) días de la sanción de la presente ley".-
El artículo 15 dispone que "La normativa establecida en la presente, reemplaza a las condiciones de financiación anteriores contractualmente convenidas o fijadas por resoluciones internas del Banco Hipotecario Nacional".-
Como puede apreciarse, es cierto que la ley 24.143 impone un régimen especial para los créditos otorgados por el Banco Hipotecario Nacional que, además, es posterior a la ley de convertibilidad. Sin embargo, considero que la ley 23.928, que no fue derogada por aquella -ni siquiera es mencionada- también regía la relación de las partes, ya que las leyes deben ser interpretada y aplicadas en forma armónica, debe procurarse el equilibrio entre ellas evitando que una desplace a la otra.-”(CNCIV, Sala H, 2/10/03, voto del Dr. Kiper; ElDial.com AA1DOB).
En los precedentes en cuestión se señaló, y también resulta de aplicación a estos autos, que:
“Aunque resulte fácil para un observador ajeno al debate concluir que la solución en un caso concreto, como el de autos, no puede sustentarse en consideraciones de otro precedente, es del caso señalar que la cuestión sustancial en debate, concretamente la interpretación del plexo legal que comprende el contrato de las partes variado por imperativo del legislador, incluye no solo las normas específicas dictadas por el legislador, sino, también, la legislación general.
Por ello, y no por facilísmo, también considero prudente y razonable concluir el iter de razonamiento en autos del mismo modo como lo propusiera en el precedente ZANON:
“ ... De ello se concluye, que el plexo legal fue armónicamente interpretado en el caso, no resultando desajustado los cálculos del perito seguidos por el a-quo, máxime atendiendo a la reducción de la tasa de interés que dispusiera, que entiendo dable y legalmente apontocada en numerosos precedentes de esta Cámara, donde se dijo:
“Ya desde antiguo vengo sosteniendo (C.A.B. in re: Martínez Gabilondo c/ Ceballos, SI. 202/93), entre otros conceptos que:
"Es pacífica la doctrina de la facultad judicial de reducir los intereses considerados excesivos en las convenciones de las partes.
Así in re: BARI c/ LOPEZ (SI.142/91) dijo ésta Cámara que la facultad de los Jueces para actuar de oficio en la reducción de intereses puede derivarse entre otros, de los arts. 953, 656, 1071 y cc Cod. Civ.
In re: BAVA c/ SCAFFINO reiteró el criterio (SI: 200/92), entre otros precedentes.
A mayor abundamiento quiero señalar que la facultad judicial derivada del art 656 Cod. Civ., a fin de cumplir aquel requisito de armonía señalado con otras normas del Código Civil, debe ser ejercitada "prudentemente y con criterio restrictivo" (Salas..., Código Civil ..., T.I., pág. 339, ac. 1), lo que me parece aconteció en autos, ya que la tasa contemplada por la actora ... no resiste análisis alguno, y menos si se tiene en cuenta que parte de dichos intereses corren sobre capital sujeto a la norma de la ley 23.928..."".
Abundando:
“A mayor abundamiento, puedo recordar que en el fuero comercial, no obstante la vigencia obligatoria de un fallo plenario, se resolvió que en materia de capitalización de intereses es inaplicable la doctrina del fallo "Uzal en S.A. c. Moreno" (La Ley, 1991-E, 404) si en el caso particular su aplicación conlleva una consecuencia patrimonial inadmisible para el deudor, cuya obligación no puede exceder el crédito actualizado con un interés que no trascienda los límites de la moral y las buenas costumbres (CNCom, sala A, 28/04/2000, Buzzo, Luis P. c. La Buenos Aires Cía. de Seguros; ver también de dicha Sala, LA LEY 2001-F-535; ED, 196-643). Además, dicho fallo plenario, favorable a la capitalización de los intereses, acaba de ser dejado sin efecto por otro (CNCom, en pleno, 25/08/2003, Calle Guevara, Raúl, LA LEY 27/08/2003, 1;; LA LEY 03/09/2003, 4, con nota de Alejandro Drucaroff Aguiar)(del voto del Dr. Kiper citado Ut Supra).-
Frente a ello resulta prudente y criterioso el sustento del a-quo dado a partir de fs. ..., y su decisión respecto a la tasa fijada, que armoniza prudente el entuerto de autos, respetando el plexo legal que decidiera de aplicación, sin perjuicio de lo señalado respecto la ley 24.283, no siendo mella tampoco su criterio de lo “descontextualizado” de la invocación de la ley 24.240, al considerar de hecho su manda que “cuando existan dudas en cuanto a los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa”(art. 37).”.
Asimismo, en el caso YUNES, cabe recordar que allí se dijo, entre otras consideraciones:
“4: Yendo ahora al caso de autos, cabe señalar que el sr. Juez a quo, ponderando y componiendo cada una de las diferentes posturas sostenidas por las partes, hubo efectuado una recomposición contractual, en orden a la existencia de irreconciliables posiciones de dichas partes, por un lado, y la necesidad de dar una respuesta judicial que evitara cualquier abuso o iniquidad, por el otro. Procurando además, la continuidad del contrato sin menoscabo de la capacidad de cumplimiento del deudor.
Como resultado de lo cual, ha sido reconducido el sinalagma contractual de manera prudente, que no han sido eficazmente atacadas por los recurrentes.
Éstos limitaron su cuestionamiento a reiterar sus diferencias, sin advertir que se había producido un reajuste contractual integral: determinación del saldo resultante, saneamiento de lo abonado durante el pleito, tasa de interés, forma de pago del saldo, etc.-, que establecía una nueva realidad contractual.
La idoneidad de esa composición de los diferentes intereses de las partes -y del íter para llegar a ella-, a los fines de solucionar el pleito, no ha sido eficazmente puesta en tela de juicio por los recurrentes.
No debe olvidarse que desde el contrato base de la acción -(año 1984 en el caso)- se sucedieron en el país numerosas circunstancias que vinieron a desvirtuar todos los parámetros, pautas, reservas y/o previsiones originariamente tenidos en cuenta por ambas partes: inflación, hiperinflación, indexación, cambios de signo monetario, prohibición de la indexación, etc..
Todo lo cual, hacía necesario -y así lo hubo interpretado el sr. Juez a quo, en orden a lo dispuesto por el art. 163, inc. 6°, ap. 2°, del CPCC- una solución pretoriana; como en su caso, lo hubo así decidido el Superior Tribunal del Justicia en autos: “All Flags c/ Gressani” (sentencia nº 61 del 26-03-2007 del STJ).
En esa inteligencia, el sr. Juez de Ia. Instancia hubo debido dejar (entiendo que acotadamente en estos autos) de lado las conclusiones de la pericial contable, sus ampliaciones y explicaciones; toda vez que la misma hacía un cálculo exclusivamente basado en el contrato originario, sin tomar en cuenta aquellas circunstancias que habían desvirtuado el sinalagma original. Como que tampoco era tarea del perito, ya que la recomposición contractual demandada está reservada a los jueces....
Luego -dado razones suficientes para ello- estableció como prudente y no abusiva de parte de ninguno de los operadores, una tasa de interés del 5% anual (igual que en estos autos)...; fijando luego, en definitiva, la suma adeudada al momento de la demanda, y la forma de amortización de la misma....
Con dichos sustentos entiendo se da adecuada respuesta a la problemática señalada en los agravios, tanto en la aplicación integral de la leyes específicas y generales del ordenamiento jurídico, como así al prudente y mesurado análisis de la prueba de autos dada por la pericia en especial, por lo que no advierto sustento para apartarme de las conclusiones del a-quo.
Creo que lo dicho en YUNES es suficientemente claro sobre la necesidad de lograr una recomposición contractual, atendiendo a la existencia de las irreconciliables posiciones de las partes, ante la necesidad de dar una respuesta jurisidiccional que evite cualquier abuso o inequidad, procurando, además, la continuidad del contrato sin menoscabo de la capacidad de cumplimiento del deudor.
En tal orden de ideas señalando que no advierto exista una matemática jurídica en el plexo legal que aprehende el caso que permita arribar a un monto preciso y determinado, entiendo como lo señala la recurrente que el a-quo se hubo apartado de las conclusiones periciales, sin argumentos de enorme peso, más allá que comprendo las dificultades al momento de decidir de arribar al monto que cualquier abuso o iniquidad.
En tal orden de ideas, tendré en cuenta que se señala desde antiguo respecto las periciales que:
“... para desvirtuar la eficacia probatoria del dictamen pericial resulta imprescindible traer al debate elementos de juicio que permitan sin duda advertir el error del técnico ... (Morrillo..., Códigos..., T.V-B, p. 428 y cc; AB, en Pitear, SI. 208/98).
"... cuando el peritaje aparece fundado y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja aceptar el dictamen, pues el perito actúa como auxiliar de la justicia y contribuye con su saber, ciencia y conciencia a esclarecer aquellos puntos que requieren conocimientos especiales."
("Cerdea, Ola Ester c/ Pcia. de Mendoza p/ D. y P. S/ In. Chas." - CSJ DE MENDOZA - SALA I - 16/03/2005);(CAB, en Gallardo, SD.21/05; PUCCIO, SD. 92/08).
Por ello de copartirse mi criterio, propongo al acuerdo, rechazar el recurso de fs. 382, con costas .
Sobre las costas de ambas instancias.
Se ha dicho in re: ALFONSO antes citado, que:
“... cabe señalar en cuanto a las costas, que la negativa de la accionada al reajuste contractual lo torna perdidoso en el tema sustancial, siendo por ello razonable y atendible concurrir a la norma del art. 68 del rito para imponerle la costas de ambas instancias, atendiendo a que se ha dicho:
“... desde antiguo se sostiene que las costas siempre deben imponerse al vencido (STJRN, LOPEZ, 68/87) en caso de oposición, cual es el caso de autos, donde la accionada desde un principio rechazo toda posibilidad de reconocer aunque sea de modo parcial los derechos alegados por la actora en este extensísimo debate abierto más de (9, en el caso) años atrás (C.A.M. en MORAGA).
También meritúo que desde el precedente ZANON a la actualidad han transcurrido varios años y se han reiterado las decisiones en casos análogos, que tornan menos incierta la resolución de la causa para recurrir a la segunda parte de la norma del art, 68 del rito, en beneficio de la accionada.
En cuanto a la apelación por honorarios del perito contador Tchicourel, atento a la labor cumplida por éste y el tiempo transcurrido, propongo elevar sus honorarios a $ 1.500.
Por todo ello propongo al acuerdo: 1) RECHAZAR el recurso de fs. 382, con costas al objetivamente perdidoso. 2) Hacer lugar al recurso de fs. 393, elevando los honorarios del perito Tchicourel en la suma de $ 1.500. 3) Regular los honorarios profesionales por su actuación en la Alzada, de los dres. Francisco I. Vázquez y Manuel Vázquez, letrados de la demandada, -en conjunto- en $ 559,75 (el 25% de lo regulado a su parte en la instancia de origen) y a la dra. Alexia Gschwind, letrada patrocinante de la actora, en $ 878,40. MI VOTO.
A la misma cuestión el dr. Lagomarsino dijo:
Por iguales fundamentos a los expresados en su voto por el dr. Camperi, adhiero.-
A igual cuestión el dr. Salaberry dijo:
Atento a la coincidencia de criterios de los sres. Vocales preopinantes, me abstengo de emitir opinión (art. 271 del CPCC.).-
Por ello, la CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL;
RESUELVE:
1) Rechazar el recurso de fs. 382, con costas.-
2) Hacer lugar al recurso de fs. 393, elevando los honorarios del perito Tchicourel en la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500).
3) Regular los honorarios profesionales por su actuación en la Alzada, de los dres. Francisco I. Vázquez y Manuel Vázquez, letrados de la demandada -en conjunto- en la suma de Pesos Quinientos Cincuenta y Nueve con 75/100 ($ 559,75) (el 25% de lo regulado a su parte en la instancia de origen) y a la dra. Alexia Gschwind, letrada patrocinante de la actora, en la suma de Pesos Ochocientos Setenta y Ocho con 40/100 ($ 878,40).
4) Dejar constancia que el dr. Salaberry no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia, sin perjuicio de haber participado del acuerdo.-
5) Notificar, registrar y protocolizar lo aquí resuelto, disponiendo que oportunamente vuelvan los presentes a su instancia de origen. mlh
Edgardo J. Camperi Juan A. Lagomarsino
Juez de Cámara Juez de Cámara
Angela Alba Posse
Secretaria de Cámara
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Poder Judicial de Río Negro