Proveído
Organismo: Juzgado Civil,Comercial y Mineria N°3
Ciudad: Viedma
N° Expediente: 0426/2005
Fecha: 2011-05-27
Carátula: ULLUA ALBERTO RUBEN C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Sumario)
Descripción: SENTENCIA. MODELO INTERLOCUTORIO
Viedma, de mayo de 2011.-
Y VISTOS: Los presentes autos caratulados: "ULLUA ALBERTO RUBEN C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Sumario)" Expte. n° 0426/2005, traídos a despacho para resolver;
Y CONSIDERANDO:
1.- Que a fs. 116/117 se presentó la Provincia de Río Negro, por medio de apoderado y solicitó se declare la caducidad de la instancia en los presentes autos, en razón de haber transcurrido el plazo establecido en el art. 316 del CPCC, sin que la parte actora haya impulsado la continuación del proceso.-
2.- Que corrido el traslado de ley a fs. 127/129, se presentó la parte actora, por medio de apoderado y solicitó el rechazo de la caducidad pretendida en base a los fundamentos que expuso.-
3.- Que previamente corresponde recordar que la caducidad de instancia es un modo anormal de extinción del proceso, que se produce cuando la parte a quien incumbe la carga de impulsarlo no instare su curso durante el plazo determinado por la ley, siempre que aquél no estuviere pendiente de alguna resolución judicial y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal, o permaneciere inmovilizado por imposibilidad, jurídica o de hecho, de formular peticiones (conf. Colombo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., T. I, pag. 478).-
Para que proceda entonces, deben concurrir los siguientes extremos: a) existencia de una instancia, b) inactividad procesal de las partes, del juez o de sus auxiliares, y c) transcurso de los plazos legales. Si bien cualquiera de las partes puede impulsar el proceso, siempre que el acto procesal no debiera emanar exclusivamente de la otra, la carga de ese impulso incumbe a la parte que lo promovió, o contrademandó, articuló el incidente, o dedujo el recurso.-
De esa manera, el primer requisito indicado se encuentra acreditado con la demanda interpuesta; el segundo en la ausencia de actos de impulso del procedimiento y el tercero lo hallamos previsto por los arts. 310 y 315, complementados por el art. 311 en cuanto a la forma del cómputo de los plazos, todos ellos del CPCC. Asimismo, el art. 316 del citado cuerpo legal dispone que la caducidad será declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento del doble de los plazos señalados en el artículo 310, pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento.-
3.- Que así planteada la cuestión, teniendo en cuenta las constancias de autos y lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones de Viedma en los autos "Balocco María Susana c/ Provincia de Río Negro y otros s/ Ordinario"; Exp. 7013/09-CAV (T. I Sent. Int. nº 104, Fº 175 del 31/05/10), se debe destacar que el último acto impulsorio obrante en autos antes de la petición de la caducidad aquí analizada fue de fecha 06/07/2010 (fs. 115 donde se intima a la actora a reponer los sellados de ley), comenzando allí a correr el plazo para que opere la caducidad de instancia, sin que con posterioridad se verificara otro válido. Habiendo transcurrido sobradamente a la fecha en que se acusara la perención (04/03/2011) los seis meses establecidos por el art. 316 del CPCC, corresponde entonces proceder a constatar ese requisito temporal y sin más trámite declarar la caducidad de instancia tal y como lo previene la norma citada.-
En mérito a ello se concluye que, se debe hacer lugar a la perención de instancia de oficio solicitada por la parte demandada, con costas a la parte actora (art. 73 ap. 4 del CPCC).-
Ello es así toda vez que la petición realizada por la parte actora a fs. 123 lo fue con posterioridad al pedido de caducidad de instancia.-
Por lo expuesto;
RESUELVO:
I.- Hacer lugar a la petición de fs. 116/117 y declarar la caducidad de instancia del presente proceso (art. 316 del CPCC).-
II.- Imponer las costas a la parte actora (art. 68, ap. 1º y 73 último párrafo del CPCC), regulando los honorarios profesionales de la Dra. María Lucrecia Rodrigo en la suma de $ 14.037 (50 % del 11 % + 40 %) y los del Dr. Ovidio Nazario Castello en la suma de $ 8.932 (50 % del 7 % + 40 %); (conf. arts. 6, 7, 8, 10, 20, 21 y cc de la Ley G nº 2212), MB: $ 182.301. Notifíquese a la Caja Forense y cúmplase con la Ley 869.-
III.- Regular los honorarios profesionales por la incidencia de fs. 53 (defecto legal) al Dr. Ovidio Nazario Castello en la suma de $ 1.403 (coef. 10 % del 50 % del 11 % + 40 %), y por la incidencia de fs. 84 (nulidad) a la Dra. María Lucrecia Rodrigo $ 1.403 (10 % del 50 % del 11% + 40 %) y los del Dr. Ovidio Nazario Castello en la suma de $ 893 (coef. 10 % del 50 % del 7 % + 40 %). MB: $ 182.301 (conf. arts. 2, 6, 7, 8, 10, 34 y cc de la ley G Nº 2212). Notifíquese y cúmplase con la ley 869.-
IV.- Regístrese, protocolícese y notifíquese.-
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Poder Judicial de Río Negro