Proveído
Organismo: Juzgado Civil,Comercial y Mineria N°3
Ciudad: Viedma
N° Expediente: 0639/2006
Fecha: 2010-04-29
Carátula: CARDOZO CATALINA MARGARITA Y OTROS C/ BANCO HIPOTECARIO S.A. S/ ORDINARIO
Descripción: SENTENCIA DEFINITIVA
Viedma, de abril de 2010.-
VISTOS: Los presentes autos caratulados "CARDOZO CATALINA MARGARITA Y OTROS C/ BANCO HIPOTECARIO S.A. S/ ORDINARIO ", Expte N° 0639/2006, para resolver, de los que
RESULTA:
1.- Que a fs. 122/128 se presentan la sra. Catalina Margarita Cardozo y los sres. Juan José Segovia y Santa Magdalena Gonzalez, por medio de apoderadas, y promueven demanda contra el Banco Hipotecario S.A. por reconsideración de los saldos de los créditos oportunamente concedidos por la entidad crediticia. Expresan que dichos créditos fueron destinados a la exclusiva adquisición y/o ampliación y/o terminación de la vivienda propia, única y de ocupación permanente y estiman sobrevaluadas las deudas hipotecarias existentes.-
Que los sres. Juan José Segovia y Santa Magdalena Gonzalez sostienen que en el mes de diciembre de 1986 suscribieron un crédito otorgado por el ex Banco Hipotecario Nacional garantizado con hipoteca de primer grado, conforme Acuerdo de Préstamo s/n por un total de A 14.217 (capital actualizado al 31-3-91 a $ 15.530,03) en el marco de la operatoria N° HN0755-40-00250. Narran que las condiciones del crédito estipulaban un interés del 5 % anual sobre el saldo de deuda actualizada conforme índice del costo de la construcción, el que en su totalidad debía restituirse en el plazo de 112 meses.-
A continuación la sra. Catalina Margarita Cardozo por su parte manifiesta que en el mes de junio de 1.992 contrajo un crédito otorgado por el ex Banco Hipotecario Nacional garantizado con hipoteca de primer grado, por un total de $ 33.556,72 en el marco de la operatoria N° HNO 711-040-00046. Narra que las condiciones del crédito estipulaban un interés del 5,6 % anual sobre el saldo de deuda actualizada mensualmente, conforme índice del costo de la construcción, el que en su totalidad debía restituirse en el plazo de 240 meses, contados a partir del mes de mayo de 1992. Relata que en el marco de la Operatoria Reactivación Variante II (Banco Hipotecario Nacional), se estableció como modalidad que el 20% del valor de construcción estaría a cargo de los futuros propietarios y el porcentaje restante financiado por el Banco, siendo el terreno adquirido con anterioridad por cada uno de los propietarios. Además manifiesta que la preadjudicataria originaria del Plan de Construcción de Vivienda del Centro Viedma, de Jubilados y Retirados de la Policía de Río Negro fue la sra. Silvia Olga Ferrario quien conforme surge del Boleto de Compraventa y del Acuerdo de Transferencia de Préstamo Nº 2185, efectuado en fecha 5-12-95 con el Banco Hipotecario Nacional, vende, cede y transfiere a su persona, todos los derechos y acciones que tiene y le corresponden, o pudieran corresponder como preadjudicataria del plan.-
A continuación, agregan que durante todos estos años y con justificación en las cláusulas contractuales y en las normativas dictadas por el banco o a instancias de éste han sufrido el abuso del demandado, el cual unilateralmente y a su exclusivo arbitrio ha modificado en su favor el régimen de los pagos originarios, alterando la tasa de interés y el plazo de devolución. Refieren luego la evolución histórica del préstamo y las distintas leyes que fueron aplicadas por el Banco Hipotecario Nacional y por el Banco Hipotecario S.A. y exponen los fundamentos jurídicos del reclamo, entre los que destacan las consideraciones dirigidas a la revisión del contrato, las causales que la habilitan, entre ellas la desindexación del monto prestado por aplicación de la ley 24.283, la excesiva onerosidad sobreviniente para el mutuario, el abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa, la lesión subjetiva, el principio de especialidad en relación al crédito hipotecario, la capitalización de intereses realizada en forma unilateral y los principios protectorios de la situación del consumidor y deudor sobreendeudado. Ofrecen prueba, fundan en derecho y piden se haga lugar a la demanda con costas.-
2.- Que a fs. 195/201 se presenta el Banco Hipotecario S.A. por medio de apoderado y contesta la demanda. Niega los hechos invocados conforme el detalle que efectúa y desconoce en general toda la documentación acompañada por la parte actora que no sea materia de un reconocimiento expreso. Seguidamente da su versión de lo acontecido, según la cual las normas aplicables al mutuo hipotecario, según el momento concreto a que se refieren son: a) la ley 22.232, carta orgánica del Banco Hipotecario Nacional, hasta el dictado de la ley 24.143 de saneamiento del Banco Hipotecario Nacional; b) la ley 24.143 desde su vigencia en mayo de 1993 hasta el dictado de la ley 24.855, de privatización del Banco, promulgada el 25/7/97; c) la ley 24.855 a partir de ese momento y además diversas resoluciones entre las que destaca las n° 252/93, 375/93 y 504/97. Se refiere luego, en especial a cada una de las etapas del préstamo, desarrollando el modo de cálculo en las mismas y los fundamentos legales de cada una de ellas. Hace comentarios acerca de las facultades del B.H.S.A. para dictar normas reglamentarias; se refiere a la inaplicabilidad de la ley 24.283, de desindexación, rechaza el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora, tanto de las leyes 24.855, 24.143, cuanto de las resoluciones que de ellas derivan, por las razones que allí despliega. Ofrece prueba, funda en derecho y pide el rechazo de la demanda con costas.-
3.- Que a fs. 211 se citó al Estado Nacional, quien compareció a fs. 216/220, por medio de apoderado y contesto la citación.-
4.- Que a fs. 283 se dispuso la apertura de la causa a prueba, señalándose la audiencia prevista en el art. 361 del C.Pr., la cual fue llevada a cabo en los términos que luce el acta de fs. 295. Posteriormente a fs. 296 se proveyó la prueba y a fs. 360 certificó la Actuaria sobre el resultado del período probatorio, poniéndose a continuación los autos para alegar de conformidad con lo dispuesto en el art. 482 del CPCC. A continuación, a fs. 366/368 alegó la parte actora y a fs. 369/371 la parte demandada. Finalmente, a fs. 372 se llamó autos para sentencia, providencia que a la fecha se encuentra firme.-
CONSIDERANDO:
I.- Que de acuerdo al modo en que la presente litis quedara trabada merced a los escritos introductorios del proceso, la cuestión a decidir consiste en determinar la procedencia de la revisión de los contratos de mutuo que unen a las partes y de acuerdo a su resultado, establecer la existencia de saldo a favor de una u otra de ellas.-
II.- Que sentado lo expuesto, debe continuar el estudio con el análisis de la relación contractual que unía a las partes. Así ambos han coincidido en que el elemento central de dicha relación y en definitiva aquel que debe evaluarse son el Acuerdo de Préstamo s/n en el marco de la operatoria N° HN0755-40-00250 obrante a fs. 5/6; las escrituras Nº 75 obrante a fs. 7/15 y Nº 30 obrante a fs. 44/50; boleto de compraventa de fs. 51/53 y boleto de compraventa y convenio de financiación obrante a fs. 54/58.-
En virtud de ello hay que adentrarse, someramente, en el alcance de las normas contenidas en el art. 1198 del CC y su interpretación con relación a los contratos. Así se ha dicho que: "Desde el momento en que se inician las negociaciones previas al contrato, quienes intervienen en ellas quedan sometidos a la regla de la buena fe en la celebración, a la cual se refiere el artículo." y que "El objeto de la hermenéutica jurídica consiste en desentrañar el sentido de una exteriorización que debe reflejar una voluntad, fijando su alcance preciso" (Código Civil y leyes complementarias, Belluscio - Zannoni, Ed. Astrea, Bs.As., 1984, T° 5, pag. 897).-
También deben hacerse algunas referencias sobre el alcance del art. 1071 del CC, sobre cuya aplicación y extensión existen distintos criterios que caracterizan el abuso del derecho. Así cabe señalar que "dos intereses están en juego: el del sujeto del derecho y el de la víctima del ejercicio. Es socialmente útil y necesario que ambos sean protegidos; pero es socialmente imposible que a los dos se los mantenga intactos. Comienza entonces la necesidad de equilibrarlos. Si en un momento dado la lesión del interés del perjudicado parece más grave, desde el punto de vista social, que el interés del sujeto, hay ruptura del equilibrio que merece la intervención de la justicia en favor del interés amenazado" (Código Civil y Leyes Complementarias, Belluscio-Zannoni, Ed. Astrea, Bs. As., 1984, Tomo 5, pág. 57).-
En cuanto a la buena fe, dice Spota que para decidir cuándo existe violación a la buena fe, el juez debe preguntarse cuál es la conducta media socialmente obligatoria que, de acuerdo con las circunstancias, debe observar el contratante.-
Por último, la doctrina refiriéndose a la emergencia económica y su adecuación legal, en temas asimilables a los que aquí se debaten, ha dicho que "Se celebraron con los bancos legítimamente contratos de carácter privado, cuyas condiciones el Poder Ejecutivo Nacional pretende alterar, alegando facultades suficientes concedidas por el decreto 1570; la ley 25561; los decretos 214 y 320 (LA 2002-A, fasc. 6, p. 17) y resoluciones del BCRA. La responsabilidad legal de los bancos de interpretar el ordenamiento legal vigente en su integridad, a efectos de determinar la razonabilidad y eventual aplicabilidad de esas alteraciones contractuales, es indelegable e insustituible. La interpretación del ordenamiento legal dictado no se puede realizar de modo que se anulen las disposiciones preexistentes y libremente pactadas. Es deber y responsabilidad personal especialmente de los del banco extranjero hacer cumplir las obligaciones legales existentes al momento del negocio en forma íntegra (arts. 740 y 742 CCiv. y de buena fe, art. 1198 CCiv.), interpretando para ello el sistema legal de modo de evitar abusividad (art. 1071 CCiv.)" (Carlos A. Ghersi, "Leyes y decretos de emergencia (Decreto 1570/2001 - Ley 25561 - Decretos 214 y 320 - Resoluciones BCRA - Decreto 410) Contexto y aplicación), Jurisprudencia Argentina, Año 2002, Tomo II, pág. 947).-
III.- Que con tales parámetros presentes se puede comenzar a repasar la prueba obrante en autos, en cuanto resulte útil para la dilucidación de la causa y de esta manera señalar que mediante Acuerdo de Préstamo (fs. 5/6) y escritura Nº 75 (fs. 7/15) el banco concedió un préstamo a los sres. Juan José Segovia y Santa Magdalena Gonzalez, por un total de A 14.217, las condiciones del crédito estipulaban un interés del 5 % anual sobre el saldo de deuda actualizada conforme índice del costo de la construcción, el que en su totalidad debía restituirse en el plazo de 112 meses; además el banco concedió un crédito a la sra. Cardozo Catalina, por un total de $ 33.556,72 que las condiciones del crédito estipulaban un interés del 5,6 % anual sobre el saldo de deuda actualizada mensualmente, conforme índice del costo de la construcción, el que en su totalidad debía restituirse en el plazo de 240 meses y además la preadjudicataria originaria del Plan de Construcción de Vivienda del Centro Viedma, de Jubilados y Retirados de la Policía de Río Negro, la sra. Silvia Olga Ferrario (Escritura Nº 30) quien conforme surge del Boleto de Compraventa y del Acuerdo de Transferencia de Préstamo, efectuado con el Banco Hipotecario Nacional, vende, cede y transfiere a Catalina Margarita Cardozo, todos los derechos y acciones que tiene como preadjudicataria del plan.
Por otra parte, se debe tener en cuenta la pericia contable realizada en las actuaciones, agregada a fs. 311/338, en la que la perito contadora determinó en base al detalle que efectuó en los anexos presentados, que existe un saldo a favor de la parte actora.-
IV.- Que en base a todo ello, se puede entender que la intención de las partes al contratar son las plasmadas en la documentación precedentemente enunciada, donde las condiciones básicamente eran la devolución del dinero en una cierta cantidad de cuotas, con un sistema de actualización monetaria determinado, pactado en forma fija, agregándose como facultad para el banco la posibilidad de modificarlo con la condición de mantener los niveles del mercado, lo cual, dadas las características del préstamo, debe ser entendido de manera subsidiaria y por cierto razonable.-
Luego, en cuanto a los resultados de la utilización de la mencionada facultad, hay que remitirse a la pericia contable, cuyas conclusiones centrales fueran expresadas anteriormente, y de las que puede extraerse por un lado que el plazo de cancelación del mutuo varía sensiblemente según se aplique o no dicha facultad, destacándose que según el perito, habría un saldo a favor de los actores, en tanto que para el banco habría un saldo pendiente de cancelación, y por otro lado también puede considerarse que el propio banco hizo una efectivización gradual de dicha cláusula y ello debido al fuerte impacto que representaba en la cuota la aplicación directa de la nueva tasa (9 %), lo que evidencia la importante entidad de los efectos ocasionados por el ejercicio de esa prerrogativa introducida a la relación contractual, que sólo debía ser subsidiaria y complementaria.-
Por tales razones se estima que la entidad bancaria aprovechando su preeminencia y su situación de mayor poder en la relación contractual, utilizó abusivamente una facultad subsidiaria prevista en las condiciones de financiamiento del préstamo otorgado, en perjuicio de los tomadores. Para visualizar ello con mayor claridad, puede mencionarse, por un lado la evidente situación de desequilibrio de las partes -particulares frente a una institución bancaria-, que por cierto no merece mayores comentarios, y por otro la circunstancia de que el posible fundamento utilizado por el Banco para justificar el empleo de la cláusula que le permitía modificar la tasa de interés -cual es el de mantener los valores de mercado-, se ve completamente desvirtuado cuando, posteriormente, el propio banco efectúa reducciones del préstamo por medio de una quita de capital, o sea ha ido aumentando -variando- sucesivas veces, la tasa de interes, "con el fin de preservar el valor de su cartera", para luego generar quitas al capital, por lo que cabe preguntarse cómo se compadece la necesidad de aumentar el interés -aumentando la deuda- para luego disminuir el capital -mediante quitas-, con mayor razón en épocas de gran estabilidad económica (vgr. año 93), demostrándose así una conducta errática, antojadiza y prácticamente arbitraria, que le ha quitado sustento a la posiblidad de usar de modo razonable una prerrogativa que el mismo banco había introducido en el contrato original; pudiendo mencionarse además aquí que es lógico interpretar que en aquél momento la situación negociadora de la parte actora era por demás desventajosa, siendo entonces razonable entender que no tenía mayores opciones a su alcance y que por ende pudo así aceptar una cláusula cuya utilización resultó posteriormente abusiva, que ahora resulta cuestionada y que en aras de equilibrar la relación contractual de ambas partes debe ser anulada y no tenida en cuenta para interpretar el resto de las obligaciones de ambos contratantes.-
Asimismo la doctrina de los actos propios, que podría sustentarse sobre la aceptación de la parte accionante de la aplicación de dicha cláusula y sus consecuencias, no resulta plenamente aplicable en el caso por las razones expuestas, o sea por la situación de evidente desventaja, de inferioridad contractual, en que se encontraban los tomadores del crédito, por lo cual, si de equilibrar el contrato se trata, mal puede interpretarse este accionar, en su contra; máxime cuando, su conducta resulta plausible y es coherente sostener que no tuvo mayores opciones al principio de la relación contractual, para aceptar la introducción de la cláusula en el contrato, como posteriormente -en el desarrollo del contrato- para soportar los efectos de la mencionada cláusula, entendiendo por tanto que es viable que recién ahora, al entender que había finalizado con sus obligaciones, cuestione la validez de esa cláusula y accione en consecuencia, en defensa de lo que entendió era su derecho y solicite la revisión del contrato que se analiza.-
A mayor abundamiento, se puede agregar que de conformidad con las previsiones contenidas en los arts. 1197, 1198 y 1199 del C.C., conjugadas con la pauta rectora en materia de irretroactividad establecida en el art. 3° del CC, cabe entender que las disposiciones contenidas en las leyes N° 24.143 y 24.855 y en el Decreto N° 959/91, no pueden modificar los aspectos centrales del acuerdo de voluntades al que anteriormente arribaran las partes y por ende se debe concluir que las leyes citadas le son inoponibles a los firmantes del contrato, respecto de quienes rige, además y en lo pertinente, la regla "res inter alios acta" (conf. Spota, Instituciones de Derecho Civil, Contratos, Vol. III, Depalma, pág. 323).-
Por ello se debe concluir que la normativa citada, dictada con posterioridad a la celebración del contrato, de por sí, es inaplicable al presente caso.-
Por último, en apoyo de lo expuesto y en el mismo sentido, se puede señalar que entre las distintas modalidades del contrato, convenio, ya existe un sistema de actualización, a fin de preservar el monto del capital dado en préstamo y que consiste en la actualización del saldo de capital conforme la comparación de la variación de los distintos índices que allí se consignan y a lo cual se refieren las condiciones del convenio. Por ello se estima, entonces, que la coexistencia simultánea de los dos sistemas de actualización -la variación del saldo de capital, por la aplicación de los índices de actualización, recién mencionada y la variación de los intereses que se abonan, debido a la elevación de la tasa de interés- conlleva a una situación perjudicial y de innecesaria y excesiva onerosidad para los deudores. Ello es así, por cuanto con la aplicación de la primera se cumple la finalidad de evitar la depreciación de las sumas prestadas, quedando de este modo en evidencia la desproporción que se genera al aplicarse, también, la variación de la tasa de interés, razón por lo que esta última debe ser invalidada a fin de mantener cierto equilibrio entre las prestaciones de las partes y cumplir así con la finalidad que éstas tuvieron en mira al contratar, cual es la de devolver el capital prestado, con un prudente mecanismo de actualización y una razonable tasa de interés (conf. arts. 1198 y 1071 CC).-
En definitiva se debe acceder a la revisión de las escrituras Nº 30 y 75, el Acuerdo de préstamo, boletos de compraventa y convenio de financiación, declarando la nulidad de la cláusula pertinente, en cuanto otorga al banco la facultad de modificar la tasa de interés pactada, sea aumentándola, sea disminuyéndola en todas las oportunidades que lo considere conveniente manteniéndose los niveles de tasa del mercado para operaciones sujetas a condiciones similares en materia de índices y procedimientos de actualización (conf. arts. 1198, 1071 y cc del CC). Por lo tanto, debe revisarse el cumplimiento de las obligaciones de la parte actora, prescindiendo de dicha cláusula y de las disposiciones de la leyes N° 24.143 y 24.855 y del Decreto N° 529/91, y verificar, entonces, la evolución histórica del préstamo, en orden a las restantes cláusulas que pactaran las partes y siguen vigentes.-
V.- Que para los fines recién dispuestos, se debe tener en cuenta el contenido de la prueba pericial contable detallada. De dicha pericia, en lo que aquí concierne, se deben extraer las conclusiones que refieren al monto total de los pagos efectuados por la parte actora y luego evaluar el resultado del análisis cronológico del préstamo. Según ello, la perito manifestó que por la operatoria N° HN0755-40-00250 (sr. Juan José Segovia -fs. 329-) el monto que el banco adeuda a la parte actora asciende a la suma de $ 1.706,50 con la quita incluida, calculada a noviembre de 2006, mientras que para el banco se adeudaría la suma de $ 6.095,42 al 07/06 (fs. 335 vta.); por la operatoria nº HN0711-040-000046 (sra. Catalina Margarita Cardozo -fs. 316-), el monto que el banco adeuda a la parte actora asciende a la suma de $ 21.214,66 con las quitas incluidas, calculada a octubre de 2006, mientras que para el banco se adeudaría la suma de $ 510,34 al 08/06 (fs. 335).-
Se debe destacar aquí, que en lo concerniente a la quita mencionada, atento lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones de Viedma en los autos "Alfaro Julia Mercedes c/ Banco Hipotecario S.A. s/ Ordinario" Expte. N° 6215/05 (04/11/05) y anteriormente en los autos caratulados: "Ramirez Domingo c/ Banco Hipotecario S.A. s/ Ordinario" Expte. N° 5695/05 (26/09/05), de conformidad con lo establecido en el art. 218 inc. 7° del Cód. Comercio y toda vez que, entonces, al supuesto de autos le resulta aplicable el concepto según el cual "La directiva general del art. 1198 CC debe complementarse con las reglas más prácticas y detalladas que trae el art. 218 CCom." (conf. C. Nac. Civ, Sala M, 31/5/2004, J.A. 2004-III, fascículo 18, del 8/9/04, pág. 55), cabe proceder al cómputo de capital e intereses correspondientes, con la inclusión de la quita efectuada por la institución bancaria.-
Las cantidades mencionadas $ 1.706,50 y $ 21.214,66, deberán ser devueltas a la parte actora por carecer de causa jurídica que justifique su percepción por parte del banco demandado, las conclusiones expuestas y de conformidad con lo previsto en los arts. 499 y 500 del CC. Esa suma, a su vez, llevará intereses a la tasa mix (conf. S.T.J. Calfin c/ Murchison” y “Gonzalez c/ Altec”-ratificado el 28/7/04 in re: "Provincia de Río Negro c/ Tordi"-) desde la constitución en mora a la accionada (conf. arts. 505, 508 y conc. C.C.), es decir la fecha de notificación de la demanda efectuada el 16/11/2006 -fs. 131-, alcanzando así la suma de $ 2.458 y $ 30.555 respectivamente, totalizando la suma de $ 33.013 calculada al 31/03/10.-
VI.- Que en cuanto a las costas del proceso, atento el principio objetivo de la derrota establecido en el art. 68 del CPCC y al sustancial vencimiento de la parte demandada, deben imponersele a ésta, en su totalidad. Para la regulación de honorarios cabe tener presente el trabajo realizado, medido por su calidad, eficacia y extensión, conjugarlo con el monto del asunto de conformidad con lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en autos "Hernandez c/ Banco Hipotecario s/ Ordinario" Expte. n° 181/03 y "Sadone c/ Banco Hipotecario s/ Ordinario" Expte. n° 1252/02, entre otros, teniendo en cuenta para ello que el monto que reclamaba el banco ascendía a la suma de $ 6.605,76 y la suma que finalmente -en este caso- el banco debe devolver a la parte actora totaliza la de $ 22.191,16, siendo la diferencia la de $ 29.527. Así, se estiman en el 15 % + 40 % los honorarios de la representación y asistencia letrada de la parte actora, atento la exitosa y extensa labor profesional desarrollada, en el 8 % más del 40 % los honorarios de la representación y asistencia profesional de la parte demandada y en tanto que se estiman en 1/3 -1 etapa- del 8 % más del 40 % los honorarios de la representación y asistencia profesional de la parte demandada Estado Nacional, que de aplicarse dicho porcentual se llegaría a un monto de $ 1.102 inferior al establecido en el art. 9 de la ley arancelaria, por lo que se entiende pertinente establecer en el equivalente a 10 jus (conf. arts. 6, 7, 9, 19, 37, 38, 49 y conc. L.A.). Por su parte, se estiman en el 5 % los honorarios de la perito contadora con más el 5 % de ello con destino al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y en el 3 % los de la consultora técnica con más el 5 % para el Consejo Profesional (conf. arts. 35 y 58 decreto-ley 199/66).-
Por todo lo expuesto,
RESUELVO:
I. Hacer lugar a la demanda interpuesta a fs. 122/128 por los sres. Catalina Margarita Cardozo, Segovia Juan José y Santa Magdalena Gonzalez, contra el Banco Hipotecario S.A. disponiendo la revisión de los contratos de mutuo con garantía hipotecaria que suscribieran los actores con el Banco Hipotecario Nacional, en consecuencia: 1°) anular las cláusulas consignadas en los acuerdos y escrituras que unen a las partes y que faculta al banco modificar la tasa de interés pactada conforme los términos dispuestos en el considerando IVº); y, 2°) condenar al Banco Hipotecario S.A. a pagar, en el plazo de 10 días, la suma de $ 30.555 a la sra. Catalina Margarita Cardozo y la suma de $ 2.458 a los sres. Segovia Juan José y Santa Magdalena Gonzalez, en concepto de capital e intereses calculados al 31/03/10, y de allí en más los intereses posteriores a la tasa mix hasta su efectivo pago.-
II. Imponer las costas a la parte demandada y regular los honorarios profesionales de los Dres. Ethel Burgos y Paola Bernardini, en conjunto, en la suma de $ 6.200 (coef. 15 % + 40 %), los del Dr. Carlos Marcelo Valverde en la suma de $ 3.307 (coef. 8 % + 40 %), los del Dr. Gaspar Platino en la suma de $ 1.430 (10 jus), los de la perito contadora sra. Alicia Carolina Ochoa en la suma de $ 1.476 (coef. 5 %) con más la de $ 74 (5 %) correspondiente al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y los de la consultora técnica sra. Lucia Lo Sardo en la suma de $ 885 (coef. 3 %) con más la suma de $ 44 (5 %) correspondiente al Consejo Profesional (MB: $ 29.527). Notifíquese a la Caja Forense y cúmplase con la ley 869.-
III. Regístrese, protocolícese y notifíquese.-
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Poder Judicial de Río Negro